Estos dos centros de datos de Aragón necesitarán casi un tercio de la electricidad que gastó la región en 2025
Que se haya hecho público el consumo eléctrico de los campus de servidores de Azora y Blackstone animará un debate cada vez más tenso sobre su modelo de desarrollo digital
Aragón se ha convertido en poco más de dos años en uno de los grandes destinos europeos para la instalación de centros de datos. Empresas tecnológicas y fondos de inversión han anunciado ya más de veinte proyectos en la comunidad, atraídos por la abundancia de energía renovable y de suelo disponible, así como por la posibilidad de reducir los plazos burocráticos habituales gracias a los Planes de Interés General de Aragón (PIGA), una figura que reduce a la mitad los plazos burocráticos habituales.
Pero las cifras contenidas en la documentación ambiental del PIGA sobre dos de esos proyectos, publicada este martes, ponen sobre la mesa una pregunta que lleva meses sobrevolando el debate público: ¿tiene la región capacidad real para sostener este crecimiento?
Y es que está previsto que el campus que el fondo Azora proyecta en Villamayor de Gállego consuma 2.628 gigavatios hora (GWh) al año cuando alcance su plena capacidad, una cifra cercana a la cuarta parte de toda la electricidad que consumió Aragón en 2025. Y si a esa cifra se suma la demanda estimada para el proyecto Rhodes, que Blackstone impulsa en Calatorao, la suma de ambos complejos —7.373 GWh anuales— equivaldría a cerca del 70% del consumo eléctrico actual de la comunidad.
Dos proyectos, dos escalas distintas
El proyecto de Azora, bautizado como Tillion Aragón, contempla una inversión de 2.360 millones de euros para levantar cuatro edificios de centros de datos en Villamayor de Gállego, un municipio que además ya concentra otros grandes desarrollos, entre ellos uno de los tres campus previstos por Microsoft en la comunidad. Azora prevé una demanda eléctrica total de 300 megavatios (MW), de los que ya tiene asegurados 150, y divide la construcción en dos fases: la segunda, que completaría los cuatro edificios, queda condicionada a que la empresa consiga la capacidad eléctrica adicional que necesita. Según ha trascendido de la propia documentación del proyecto, la compañía admite que se trata de un impacto “relevante” sobre el consumo energético de la zona.
El campus de Blackstone en Calatorao, conocido como Proyecto Rhodes, juega en otra liga. Su estudio de impacto ambiental estima un consumo medio anual de 4.745 GWh —casi el doble que el de Azora— y contempla una inversión de 11.805 millones de euros para desarrollar ocho edificios en una primera fase, con una segunda fase que podría añadir cinco centros de datos más. El fondo estadounidense ha ido revisando al alza sus planes: cuando se presentó el proyecto en octubre de 2024 la inversión estimada rondaba los 8.700 millones de dólares; la última documentación remitida a la Administración aragonesa ya la sitúa por encima de los 13.700 millones.
El agua, la otra cara de la moneda
Por otro lado, frente al fuerte impacto energético, ambos proyectos presentan un consumo hídrico comparativamente reducido: Blackstone y Azora han optado por sistemas de refrigeración por aire, una tecnología que reduce notablemente las necesidades de agua frente a otros modelos de refrigeración líquida. El campus de Calatorao estima un consumo anual de 4.782 metros cúbicos de agua, y el de Villamayor, 6.066 metros cúbicos —el equivalente a unos 30 hogares—. Entre ambos apenas superan los 10.800 metros cúbicos al año, una cifra muy alejada de la que manejan otros proyectos en la región: los campus de Amazon Web Services concentran, ellos solos, alrededor del 95% del consumo hídrico estimado entre los grandes centros de datos previstos en Aragón.
Conviene señalar, no obstante, que buena parte de estos datos hídricos y energéticos proceden de la documentación que las propias promotoras presentan ante la Administración como parte del trámite ambiental. Organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción han denunciado que parte de esa información —por ejemplo, los volúmenes de agua solicitados durante la fase de construcción— se ha declarado confidencial en algunos expedientes, lo que dificulta su verificación independiente.
No son los únicos: una ola de más de veinte proyectos
Azora y Blackstone son solo dos piezas de un fenómeno mucho más amplio. Como decíamos antes, Amazon Web Services opera ya varios centros de datos en la comunidad y prevé ampliarlos; Microsoft cuenta con luz verde para levantar tres campus, con una demanda proyectada de más de 10.500 GWh anuales, una cifra que por sí sola superaría el consumo actual de toda la comunidad; y compañías como SAMCA, ACS, Repsol, Capital Energy, Vantage o Forestalia figuran también en la lista de proyectos declarados de interés general en los últimos dos años.
Según datos recopilados por asociaciones ecologistas a partir de los propios expedientes administrativos, el conjunto de centros de datos ya aprobados por el Gobierno de Aragón necesitaría cerca de 7.000 MW de potencia, una cifra que multiplicaría por seis el consumo energético actual de toda la comunidad si todos los proyectos llegaran a funcionar a la vez. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han calificado de “inviable” el ritmo al que crecen las peticiones de acceso a la red eléctrica en toda España, y la vicepresidenta Sara Aagesen ha llegado a advertir de que el sector podría estar inmerso en una “burbuja”.
El Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón, defiende un relato muy diferente: el de una comunidad que se ha convertido en meca europea de la inversión tecnológica, con más de 80.000 millones de euros anunciados en apenas dos años y medio, comparable ya a mercados consolidados como Fráncfort, Londres, Ámsterdam o París.
Erin Brockovich (sí, esa Erin Brockovich) ha vuelto, y ahora lucha contra la construcción de nuevos centros de datos para IA
Desde que, en 1993, ayudó a llevar a juicio a Pacific Gas and Electric Company (PG&E) por contaminar el agua subterránea de Hinkley, California —un caso que terminó en un acuerdo de 333 millones de dólares y que Hollywood convirtió en leyenda con el rostro de Julia Roberts—, miles de personas contactan cada año con Erin Brockovich para pedirle ayuda.
El debate: empleo, impuestos y factura de la luz
La controversia no se limita a la disponibilidad energética. Uno de los argumentos más repetidos por los críticos del modelo es la desproporción entre la magnitud de las inversiones y el empleo que generan. Como referencia, organizaciones sociales han calculado que, para mantener la proporción media de empleos por consumo eléctrico en Aragón, un proyecto como el de SAMCA en Luceni —que prevé consumir una cuarta parte de la electricidad que gastó España entera en 2024— debería crear unos 158.000 puestos de trabajo; en realidad, promete apenas 150 en su fase de operación. Los tres centros de Amazon Web Services que ya funcionan en la comunidad apenas han generado un centenar de empleos, según ha reconocido el PSOE aragonés.
A ese debate se suma el fiscal: el Gobierno de Aragón ha concedido a varios de estos proyectos exenciones parciales de trámites e impuestos municipales, como el ICIO, al amparo de su declaración como Proyectos de Interés General. Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones contra la tramitación del proyecto Rhodes de Blackstone alegando que no cumpliría los requisitos legales para recibir ese trato preferente, lo que a su juicio situaría la declaración “en fraude de ley”.
El Gobierno aragonés rechaza esa interpretación y defiende que la figura del PIGA aporta seguridad jurídica y agilidad a inversiones que, según sostiene, benefician a toda la comunidad. Algunos análisis han ido más allá y han comparado la lógica de estos fondos con la que rige el mercado de la vivienda, señalando que tanto Blackstone como Azora combinan en sus negocios la inversión inmobiliaria y la digital, y que ambos sectores compiten hoy por los mismos recursos escasos: suelo y energía.
Por último, hay quien apunta a un efecto que ya se estaría notando en las facturas: los centros de datos habrían disparado un 7% el consumo eléctrico de Aragón durante 2025, el mayor incremento de toda España, en un contexto en el que las grandes tecnológicas suelen comprar electricidad a precios más bajos que los hogares gracias a acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés). Parte de los costes de las nuevas infraestructuras de red que estos proyectos requieren se financian, señalan estas voces críticas, a través de los peajes que pagan todos los consumidores.
Una fotografía parcial de un proceso en marcha
El verdadero debate ahora es si Aragón —y la red eléctrica española en su conjunto— puede sostener el ritmo acumulado de toda la ola de centros de datos sin comprometer el suministro, el precio de la energía para el resto de consumidores (recordemos que algunos proyectos han multiplicado por 15 el precio de la factura eléctrica en algunos condados de EE.UU.) y el modelo de desarrollo económico de la región.